EXPERTOS EN DERECHO PIDEN ESPECIALIZACIÓN PARA FORENSES QUE TRATAN A ENFERMOS MENTALES

GRANADA. Una investigación realizada en el Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Granada ha analizado por primera vez todas las sentencias penales dictadas en España desde el año 1870 hasta nuestros días en las que la alteración psíquica del imputado ha servido para eximir o atenuar la pena.

Este trabajo, en el que se han estudiado más de 3.000 resoluciones, ha puesto de manifiesto que es necesaria una mayor cooperación entre el Derecho Penal y la Psiquiatría a la hora de decidir sobre la incidencia de cada uno de los trastornos en la imputabilidad del individuo, y advierte de la falta de especialización de los médicos forenses que tienen que dictaminar sobre la situación mental del procesado, al carecer de tecnificación en la rama de Psiquiatría, lo que supone en ocasiones la emisión de informes que carecen de las debidas y plenas garantías.

La investigación, realizada por la doctora Gema María Fonseca Morales y dirigida por la profesora María José Jiménez Díaz, ha demostrado que bajo la vigencia de anteriores Códigos Penales, la justicia española ha mantenido una línea jurisprudencial dubitativa y oscilante.

“No hay estado de derecho sin justicia eficiente”

ENTREVISTA CON JORGE CARRERA DOMÉNECH

El magistrado español arribó a Corrientes para presentar a “EuroSocial”, proyecto financiado por la Unión Europea para fomentar la cohesión social en países de Latinoamérica y el Caribe. Doménech disertó ante juristas de todo el país en el IV Encuentro Nacional de la Defensa Pública. En la antesala a su despacho habló con momarandu.com: “La política social que se instrumentó en Argentina décadas atrás frenó el desarrollo del país”.

Jorge Carrera Doménech es letrado del Servicio Internacional del Consejo General del Poder Judicial de España, y desde el 2005 coordina la aplicación del programa "EuroSocial" en países de Latinoamérica y el Caribe.
Para Doménech la justicia implementada desde organismos administradores que primen la razón social es el mejor instrumento para potenciar el desarrollo de las sociedades.

En palabras del magistrado: “los órganos administradores de justicia deben velar por el fortalecimiento de las instituciones y la creación y manutención de sistemas de fortalecimiento del trabajo social”.

Es que Carreras Doménech entiende que la cohesión social, hija de la justicia eficiente, es la primera propulsora del progreso de las sociedades, pero ¿qué entiende por cohesión social?

Según remarca desde un concepto extraído de una ciencia que no es la suya, la sociología, pero obedece a su solicitud instrumental Doménech reza: “la cohesión social es el grado de consenso de los miembros de un grupo social en la percepción de pertenencia a un proyecto o situación común”.

La cohesión social le resulta entonces una regla para medir la intensidad de interacción dentro de un grupo, que, a niveles mayores, puede ser la sociedad. Y he allí donde se encuentra la relación entre la justicia y el progreso a la que alude el magistrado, pues dicha interacción no es más que un sistema de relaciones materiales que administra a la vez valores que hacen a las normas jurídicas que rigen el quehacer diario de los hombres, es decir, a su interacción.

Y es en el fomento genuino de esa interacción, desde su raíz abstracta, los valores y la norma jurídica, donde Doménech encuentra el progreso social traducido en más y mejor trabajo, mejor y más accesibles salud y educación y fiscalidad y justicia eficientes y fiables.

“Son los organismos administradores de la justicia, las defensorías, los tribunales, los magistrados, los profesionales conocedores del derecho social, que en sí son las instituciones del derecho, quienes deben, necesariamente fomentar el vínculo social genuino entre las personas”, reza el magistrado.

Para Doménech el vínculo social entre las personas, o su integración dinámica y multifactorial, posibilita a los miembros de la sociedad encuentren aquello que los mantiene al margen del sistema, y luchen, desde la participación por cambiarlo y alcanzar nuevos umbrales de bienestar sociovital.

“Para crear ese vínculo, esa interacción, es imprescindible para que los organismos pertinentes potencien los valores que hacen a la cohesión social”. La confianza, el sentido de pertenencia al grupo social, la solidaridad, la aceptación de las normas vigentes y la necesidad de participar en espacios de debate colectivo son, para el magistrado, esos valores tan requeridos.

“En Latinoamérica, y en ella la Argentina, las políticas sociales instrumentadas décadas atrás frenaron el desarrollo del país, y ampliaron la brecha entre los más y menos tienen”, apuntó.

Y por ello, finalmente reveló: “El estado de derecho, la base del sistema democrático, fue dejado de lado a favor de unos pocos; la confianza en el capital humano fue abolida, y los hombres de Latinoamérica no pudieron más que sumirse en el espacio propio, desvinculándose del resto. Eso es lo que se debe cambiar, siempre entendiendo que sin justicia eficiente, no hay estado de derecho”.